UGT Andalucía ha presentado recursos por vía contencioso-administrativa en los juzgados de Sevilla en los que solicita suspender la ejecución de las seis resoluciones de reintegro notificadas hasta el momento por la Junta de Andalucía para reclamar la devolución de subvenciones concedidas al sindicato por "presuntas irregularidades y falta de justificación" detectadas en su revisión.

Así lo ha anunciado este miércoles el propio sindicato en un comunicado hecho público minutos después de que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, José Sánchez Maldonado, informase en el Parlamento de que la cantidad reclamada por la Junta dentro de los procedimientos de revisión de las subvenciones de UGT-A se eleva a 15,3 millones de euros.

En la nota, UGT-A acusa a la Junta de "actuar de forma inquisitorial" al "emprender injustificadamente una causa general indiscriminada contra todas las actividades formativas del sindicato en Andalucía con el único objetivo de limpiar su imagen". En este sentido, emplaza al Ejecutivo andaluz a aclarar por qué "si en los años investigados dio por buenas las justificaciones de los programas ahora, cinco o en algunos casos seis años después, cambia de criterio"

"¿No hizo bien su trabajo la Junta de Andalucía o busca ahora un chivo expiatorio para preservar su imagen y su respaldo electoral?", se pregunta el sindicato 'ugetista', que traslada tanto a la administración autonómica como a "todos los andaluces" que "no aceptaremos responsabilidades que no nos correspondan".

En este sentido, UGT-A recuerda que "desarrolló y llevó a término todos y cada uno de los expedientes investigados, presentó todas y cada una de las justificaciones necesarias ante la Administración y la Junta no solo las aceptó y las revisó, sino que también las dio por buenas y por tanto las validó", por lo que deja claro que ahora "no aceptaremos que se erija en la 'nueva Inquisición Española' e intente quemar en la hoguera a la UGT de Andalucía con tal de salvar su imagen".

A su juicio, "la Junta ha emprendido una causa general indiscriminada sin el menor fundamento fáctico previo, sin obedecer a un plan de inspección o a una actuación específica de comprobación o justificación sino por el mero pánico desatado en la clase política gobernante ante las informaciones publicadas en la prensa".

"Con toda esta macrocausa la Junta únicamente persigue un titular efectista, enviar un mensaje, un gesto, sobreactuar artificiosamente de cara a la sociedad y a los medios de comunicación para erigirse en paladín del interés general (*) y a fin de preservar su imagen y su respaldo electoral", argumenta UGT-A en el recurso presentado el pasado 21 de octubre en los juzgados de Sevilla.

En concreto, el sindicato ha solicitado al juez la suspensión de ejecución de los expedientes de reintegro porque considera que "son completamente vagos e inconcretos, no señalan vicio alguno en la justificación de la subvención ni revelan la existencia de indicios que muestre la necesidad de revisar los expedientes".

UGT-A esgrime en sus recursos que "es la Administración quien debe demostrar que se incumplió alguna exigencia formal o material en el destino de la subvención y no UGT-A quien ha de probar su inocencia justificando nuevamente unas subvenciones cuyo pleno cumplimiento ya acreditó en su día" y critica que desde la Junta "tan solo se formulan acusaciones vagas y genéricas, en todo punto inaceptables en un Estado de Derecho, generando artificiosamente una sospecha infundada sobre el conjunto de actuaciones del sindicato".

En su opinión, se trata de una "operación integral y orquestada mediante la que se pretende revisar exhaustivamente todos los expedientes de subvenciones sin que exista un concreto motivo para la incoación singularizada de los reintegros y en nuestro Derecho se encuentran radicalmente proscritas este tipo de operaciones de hostigamiento".

En este sentido, UGT-A recuerda que "la jurisprudencia rechaza de plano la posibilidad de instruir una causa general contra un ciudadano apoyándose en meras vaguedades y exige que en los acuerdos de incoación de los expedientes se concreten los hechos, los actos motivados o irregularidades que se imputan".

Por todo ello, argumenta que "las operaciones holísticas y ciegas de revisión como las que ha emprendido la Junta son radicalmente inválidas porque conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva sin que se produzca indefensión, además de generar indefensión intraprocedimental o propia de la vía administrativa, lo cual también es determinante de un vicio de invalidez, puesto que la incoación de los expedientes de reintegro ha de fundamentarse en indicios concretos y evidencias, sin que resulte suficiente una mera especulación y deben concretar los aspectos en que tiene lugar la fiscalización, a fin de que el sujeto pasivo pueda articular coherentemente su defensa".

"No cabe someter a un ciudadano a un escrutinio indiscriminado, a una 'inquisitio generalis' que le obliga a destinar importantes esfuerzos económicos, materiales y psicológicos a la titánica labor de probar su inocencia en expedientes extremadamente voluminosos y complejos como éstos, cuando debe ser la Administración quien pruebe su pretendida infracción y le acuse formal y concretamente de los actos motivados que considere ilícitos tanto más, cuanto que la documentación justificativa de las subvenciones obraba ya con anterioridad en poder de la Administración desde el momento en que oportunamente se presentó por parte del sindicato la justificación a que obliga la normativa vigente", concluye UGT-A.