El primero de abril se termina el mayor y más duradero experimento de la gestión privada de la sanidad en el sector público en España. El modelo llamado Alzira, que comenzó a funcionar en esta población de valencia en 1999 y hoy ofrece su atención a 250.000 ciudadanos a través de un hospital, 31 consultorios en 35 municipios y 14 centros de salud, será revertidos. La plantilla y las instalaciones, formada por 1.660 profesionales, pasarán al control directo del Gobierno de valencia.
El modelo Alzira, que se ha utilizado solamente en los departamentos de salud de la Comunidad de Valencia, consiste en lo siguiente: una empresa construye y gestiona las instalaciones sanitarias y contrata a profesionales, que no son empleados del sector público, a cambio de un canon por año pagado por la Generalitat, mientras que las personas reciben atención de manera gratuita. La concesión del departamento de Salud de Alzira se firmó en el año 2003 por un lapso de 15 años. El contrato estipula que a partir de tal momento podía prorrogarse en periodos de hasta cinco años si ambas partes estaban en común acuerdo, pero el Ejecutivo optó por no hacerlo.
La operadora, Ribera Salud, y la Generalitat tienen desde hace varios meses una dura pugna pública en los tribunales, que han rechazado paralizar el proceso. Ninguna parte tiene algún interés en resaltar los resultados que ello puede tener en la transición, pero fuentes del hospital advierten de riesgos. “Esto es como una locomotora que tiene que cambiar al maquinista sin parar. Hacerlo sin diálogo es demasiado complicado”, afirmo un jefe de servicio de Alzira.
Sin embargo, la consejera de Sanidad Universal, la socialista Carmen Montón, califica dicho proceso de fin "de la mercantilización del derecho que se tiene a la atención sanitaria, que dio entrada a criterios como los beneficios económicos y sobredimensionó el ahorro en los costes frente a criterios clínicos y asistenciales". El Ejecutivo valenciano también lo ve como el primer paso para brindar un sistema que el PP logro extender a otros cuatro departamentos y ahora permite la asistencia de 905.000 personas. En tanto la siguiente concesión de Torrevieja, vencerá en 2021.
Para Ribera Salud, propiedad al 50% del Sabadell y la aseguradora norteamericana Centene, tal decisión tomada es un enorme error que termina con un modelo que ahorra el 25% de los recursos. Y que al no estar argumentada en criterios técnicos "traspasa las reglas básicas de la cooperación entre empresas y Administración ya que lanza la idea de que no importaría cómo se hagan las cosas", afirma Javier Palau, el gerente del departamento de Salud de La Ribera.