Los valencianos afectados por la supresión retroactiva de las ayudas a la subsidiación de préstamos para la adquisición de Viviendas de Protección Oficial (VPO) han anunciado este lunes que presentarán un recurso extraordinario de revisión colectivo ante la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para que revoque la denegación de estas ayudas, que dejaron de percibir en junio de 2012. La medida afecta a 50.000 familias en la Comunitat, siendo esta la región con más casos en toda España.
Así lo ha dado a conocer este lunes el portavoz de la Coordinadora Nacional de Plataformas de Afectados Subsidiación VPO, el abogado Ángel de Sancha, quien ha criticado que la Comunitat Valenciana es la única región, junto a Andalucía, que se niega a revocar la denegación de estas ayudas, cuyo importe paga el Ministerio.
En este sentido, ha explicado que en 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió mediante Real Decreto el derecho a prórroga de la subsidiación de VPO para los planes 2009-2012 y mediante instrucción ministerial también los anteriores a esta fecha. Los afectados, 300.000 en todo el territorio nacional, acudieron entonces a los juzgados y obtuvieron un 95% de sentencias favorables, además del apoyo de los defensores del pueblo, y finalmente, el pasado mes de agosto el Ministerio de Fomento dio marcha atrás y comunicó a gobiernos regionales y entidades financieras que revocaran las resoluciones denegatorias o de readmisión de ayudas a la prórroga de subsidiación de intereses.
Así lo han hecho todos los gobiernos autonómicos, salvo el de la Genralitat Valenciana y la Junta de Andalucía, ha alertado De Sancha, que "se han negado a cumplir la ley" pese a que "no tiene ningún impacto económico". El Estado paga estas ayudas pero el Gobierno autonómico tiene la competencia de reconocerlas, y en estos casos "se han puesto al margen de la ley", ha lamentado.
Ante esta situación, ha anunciado la se va a presentar un recurso de revisión de manera colectiva para todos los afectados que desde el 15 de junio de 2012 "vieron cercenados sus derechos" para que la Conselleria revoque las denegaciones y dicte resoluciones estimatorias. Asimismo, se enviará copia de ese al Síndic de Greuges, a la Defensora del Pueblo en España y al Ministerio de Fomento, a cuya titular, Ana Pastor, ha acusado de "mentir" en sede parlamentaria por decir que "se estaban pagando todas las ayudas a la vivienda".
De Sancha ha confiado en que "se cumpla la ley y que no haga falta pasar por el rubor de ir a los juzgados a señalar que el Gobierno de la Generalitat una vez más no cumple la ley, pero lo haremos si es preciso", ha asegurado.
Estas ayudas, que se conceden para un período de cinco años, siempre que no varíen los criterios por las que se concedieron, pueden alcanzar un máximo de 400 euros, en torno a un 20% de la cuota, en familias numerosas, aunque para el grueso de los afectados oscila entre los 80 y 120 euros mensuales. De media, podría suponer unos 5.000 euros en el período de cinco años para cada familia.
Una mesa redonda, esta tarde a las 19.00 horas en el Centre Cultural La Nau de Valencia, debatirá sobre si hay retroactividad y por tanto inconstitucionalidad en la supresión de las prórrogas de la subsidiación, desde el punto de vista jurídico. Para ello contará con la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y portavoz de Jueces para la Democracia, Alicia Millán el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Julio Tejedor y el profesor titular de Constitucional de la Universitat de València, Fernando Flores.