La mejor forma de atajar el botellón es multar el ruido. Eso es lo que ha entendido el Ayuntamiento de Valencia debido a la dificultad del procedimiento para sancionar el consumo de alcohol, lo que requiere pruebas de laboratorio entre otros trámites. Y es algo que también se entiende en los juzgados, a tenor de una sentencia que pasa hoy por la junta de gobierno.

La primera se refiere a una multa impuesta el 27 de abril de 2013 por contaminación acústica y con un importe que se eleva hasta los 2.400 euros. La sanción se debió a la «utilización del equipo de música del vehículo teniendo las ventanas bajadas y trascendiendo el sonido al exterior de forma molesta en el paseo de Neptuno». La cuantía máxima que fija la ordenanza es de 6.000 euros para los casos más graves contra el medio ambiente.

El recurso desestima las pretensiones del multado, al indicar que la autoridad del agente es suficiente para determinar que se superaba el nivel de ruido permitido. El afectado había alegado que no se realizó una prueba de sonometría. Esto es importante para el normal desarrollo de los controles policiales y cuenta con numerosos antecedentes judiciales, según figura en la misma sentencia.

El paseo de Neptuno es una de las zonas donde más refuerzo policial se ha producido los últimos años. Los hosteleros se han quejado de la suciedad que genera la concentración de cientos de jóvenes cada fin de semana, por lo que la Policía Local optó por hacer plantones.

El balance es de un millar de multas al año por contaminación acústica. El pasado agosto ya se habían tramitado alrededor de 500 sanciones, algunas de 2.400 euros igual que la recurrida sin éxito en el juzgado de lo Contencioso y que dará hoy cuenta la junta.

El gobierno municipal ha estudiado otras fórmulas para reducir la práctica del botellón. Incluso se lanzó la idea de sancionar el consumo de alcohol sin el análisis del contenido de las botellas, sólo con la palabra del Policía Local. Finalmente no se llevó a cabo y se quedó en un intento, aunque en el fondo sería un procedimiento similar a las multas por contaminación acústica.

La presión policial facilitó el desmantelamiento del macrobotellón que se producía en el campus de Tarongers, en las inmediaciones de la calle Ramón Llull. Eso sí, fue la causa de que ahora se produzca el mismo fenómeno en decenas de barrios, al dispersarse este fenómeno.

Esto ha provocado distintas manifestaciones vecinales. Las pancartas se han vuelto habituales en zonas como la Cruz Cubierta y la plaza del Cedro, mientras que en la calle Eduardo Boscá han arreciado las quejas por la concentración de numerosos grupos de jóvenes en la calle hasta altas horas de la madrugada. En todo los casos, la presencia de pubs y discotecas en la norma.

Por esta razón, la Federación de Hostelería ha propuesto más controles policiales, grupos de voluntarios que conciencien a los clientes sobre el derecho al descanso de los vecinos y otras cuestiones, todo para que no se produzca la temida reducción de horarios.