l fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, ha asegurado este martes que habrá que esperar a las nuevas diligencias de investigación solicitadas en la causa para ver si existen datos objetivos que justifican la imputación del vicealcade de Valencia, Alfonso Grau, dentro del 'caso Nóos', por los contratos suscritos con el Instituto Nóos --dirigido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin-- para los Valencia Summit. Horrach ha defendido que no ha recibido ninguna orden del fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en este caso y ha recalcado que tanto él como el fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, han "respetado y avalado" sus decisiones. "Por supuesto, ninguna institución del Estado me ha sugerido nada", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha criticado el auto de la Audiencia Provincial de Baleares que mantiene la imputación a la Infanta Cristina por dos delitos fiscales. Para Horrach, es una "cosa inaudita" dejar al juez de instrucción "libertad de criterio" para interpretar una norma procesal --en alusión a si debería aplicarse la llamada 'doctrina Botín' según la cual no cabría juicio sólo con la acusación popular--. Pero además, cree que en su imputación a la Infanta por dos delitos fiscales, "de forma sorprendente" la Audiencia "construye una teses alambicada y artificial con contradicciones técnicas e inconsistencias tributarias". A esas contradicciones, ha dicho, responderá en su momento en su escrito de acusación, en el que ha confirmado que no incluirá a Doña Cristina ni a los cuatro nuevo imputados por la Audiencia. Eso sí, en el caso del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha dicho que habrá que esperar a las nuevas diligencias de investigación que se solicitan para ver si hay datos objetivos que justifiquen la imputación. Horrach no ha precisado cuándo presentará ese escrito y, preguntado si finalmente la Infanta Cristina se sentará en el banquillo, ha replicado que "ni el juicio ha comenzado ni la instrucción ha finalizado", sino que "queda mucho camino por delante". Eso sí, ha dejado claro que, si por él fuese, "por supuesto que no" se sentaría en el banquillo, "pero no por una decisión arbitraria o caprichosa sino por una estricta aplicación de la ley procesal y penal". "Considero que no existen elementos jurídicos ni fácticos para sentar a la Infanta en el banquillo y así lo digo", ha subrayado, recordando que no es la primera ni la última vez que un fiscal recurre un auto de transformación y que el ser considerado "defensor de la Infanta" es una cuestión de los medios de comunicación". Pese a discrepar de la Audiencia Provincial, Horrach ha dejado claro que él no se siente desautorizado --"revés jurídico no es el primero ni será el último que voy a tener a lo largo de mi carrera", ha dicho-- y que sigue considerando válidos los planteamientos que ha mantenido a lo largo de toda la instrucción y que no hay ningún dato nuevo que justifique cambiarlos. Con todo, sí ha reconocido que se ha sentido "dolido", pero no por las críticas a su trabajo, sino por la falta de reconocimiento a la autonomía de la Fiscalía y a su labor contra la corrupción, porque "un 99 por ciento de las causas de corrupción abiertas en España han sido a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción". "Si los ciudadanos saben que existe corrupción en España es porque la Fiscalía anticorrupción la ha hecho visible", ha defendido. Sobre el contenido del auto de la Audiencia, ha explicado que discrepa de la decisión de la Audiencia de imputar a la hermana del Rey delito fiscal y también en lo relativo a la legitimación del Ministerio Fiscal cuya legitimidad, ha recalcado, "viene otorgada por la Constitución y las leyes, no por los tribunales". En lo relativo a los delitos, ha recordado que en sus autos de 2012 y 2013 la propia Audiencia descartó cualquier tipo de vinculación de la Infanta con el entramado de Nóos, en el que se inserta la sociedad mercantil Aizoon coparticipada por ella y su esposo, Iñaki Urdangarin. En cambio, ahora la Audiencia sí que "establece una suerte de responsabilidad objetiva por el mero hecho de ser socia partícipe de una sociedad mercantil instrumental, circunstancia que al menos en España nunca ha estado contemplada como delito", según Horrach.