El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Paterna, de acuerdo
con la resolución del Consell Juridic Consultiu, llevará al próximo pleno
municipal la declaración de nulidad del punto cinco del acuerdo plenario del de
18 de mayo de 2007, mediante el cual se cedió la parcela de 4.015 m2 a la
Fundación para la Innovación de la Infancia, como aportación dotacional del
Ayuntamiento de Paterna para la implantación de un Centro de Innovación para la
Infancia. Dicho punto fue aprobado por Pleno Municipal estando el Ayuntamiento
gobernado por la coalición
Recientemente el Consell Juridic Consultiu avaló la decisión tomada por la alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, de revisar la cesión de oficio, basándose en informes técnicos que han advertido que “la parcela de la Fundación estaba calificada como demanial de servicio público y si bien se modificó el uso de la misma admitiéndose el uso docente no se cambió el estándar urbanístico pasando de dotación pública a privada”. El mismo informe añade que “la naturaleza demanial de la parcela municipal no es compatible con su cesión ya sea en uso o en propiedad”, por lo que “el vicio de que adolece esta cesión consiste en que no se produjo la desafectación expresa de la parcela municipal del servicio público, para su posterior aportación a la Fundación”. También señaló el Consell Juridic Consultiu que constan hipotecas constituidas sobre la parcela en garantía de préstamos concedidos a la Fundación, “por lo que deberán adoptarse medidas necesarias para regularizar esta situación, de forma que no resulten perjudicados los terceros titulares las hipotecas”. El Instituto Valenciano de Finanzas suscribió  un préstamo hipotecario con la Fundación para la Innovación de la Infancia de la Comunitat Valenciana por importe de 2.750.000 €.
Por este motivo el acuerdo que se llevará a pleno incluye, además de la nulidad de la cesión de la parcela, la orden expresa al Área de Sostenibilidad para que estudie la posible modificación del carácter dotacional público a privado de la parcela objeto de este acuerdo, siempre que se respeten los estándares urbanísticos previstos en la legislación. Por otro lado, también se insta al Área de Promoción Económica y Empleo a que estudie otras alternativas jurídicas para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la situación de los terceros titulares de las hipotecas de forma que no resulten perjudicados.