El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión incondicional del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y del empresario Alejandro de Pedro Llorca, que fue detenido en Valencia. Ha dictado, además, la imposición de una fianza de 300.000 euros a otro empresario, José Luis Huerta, han informado fuentes jurídicas.
El magistrado ha tomado declaración a estos tres detenidos desde las 10.30 horas. Tiene pendiente aún interrogar a otras 14 personas, entre ellas los supuestos cabecillas del entramado, el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y su socio y amigo de la infancia, el empresario David Marjaliza, que aún no han sido trasladados a la Audiencia Nacional.
Velasco dictó la noche de este miércoles el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE) su jefe de gabinete, Antonio Borrego y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP) y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto "conseguidor" David Marjaliza.
El magistrado dejó, además, en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tendrán diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión.
Decretó libertad sin medidas cautelares para otras seis personas: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP) el consejero de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás el técnico del Instituto de Turismo de Murcia Jesús Galindo Sánchez el empresario Francisco Ruiz Valenzuela el técnico de Serranillos del Valle Marco Durán y el concejal de Móstoles Alejandro Utrilla Palombi.
En un auto hecho público anoche, el magistrado señalaba que las "redes clientelares de tráfico de influencias" desarticuladas en la 'operación Púnica', constituidas en torno al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.