La trama de "Interligare" practicó escuchas ilegales a altos cargos del Partido Popular. Los dirigentes de Génova 13 fueron espiados a través de un sistema de maletas espía. Son los datos que la Policía ha aportado a la jueza de instrucción que investiga el caso. Ya lo llaman el "watergate" español. Y hay nombres destacados como el de Alberto Ruiz Gallardón.
Los informes que los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica han presentado a la jueza de Aranjuez, Cristina García, incluyen que "Interligare" tenía un despacho alquilado desde febrero de 2009 en la calle Génova 15, directamente enfrente de la sede nacional del PP.
Esta oficina, a menos de diez metros de la sede nacional del PP, pudo, según la Policía, "ser utilizada como base para posibles interceptaciones telefónicas". Actualmente, en el inmueble ya no hay ningún local a nombre de "Interligare", y en la fachada se anuncia que se alquilan oficinas.
Concretamente, según ha sabido El Confidencial Digital, en los documentos entregados por la Policía se apunta que dirigentes populares fueron escuchados y grabados mientras hablaban por teléfono en conversaciones privadas.
Los agentes revelan, incluso, nombres de algunas de las "víctimas" de estas escuchas. Uno de ellos es Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia y ex alcalde de Madrid: se le practicaron seguimientos interviniendo sus conversaciones, según sospecha la Policía, también en relación con asuntos no políticos, es decir, personales.
Fuentes de la seguridad, a las que ha tenido acceso ECD, explican que el sistema de espionaje que empleaba "Interligare" era rápido y sencillo: utilizaban el Verint Engage GI2, más conocido como el "maletín espía".
A través de dispositivos móviles, estas mochilas registran en un disco duro conversaciones telefónicas que se efectúan en un radio de 500 metros. Concretamente, recogen la señal GSMque utilizan los teléfonos móviles.
La ventaja del maletín GI2 es que no deja ningún tipo de rastro. Además, no solo graba voz. También registra mensajes de texto y señales de fax. Su coste es de un millón de euros.
Según ha sabido ECD, el objetivo de la jueza es ahora conocer el paradero actual de estos maletines que se utilizaron desde el edificio de enfrente de la sede del PP. También quiere saber a qué cuerpo pertenecen esos dispositivos. Tanto la Policía Nacional, como la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia disponen de estos artilugios.
El diario El Mundo ha sido el medio que ha publicado las primeras informaciones. Según ha podido saber ECD, la persona a la que se acusa de filtrar los datos al periódico de Pedro J. Ramírez es un comisario de policía al que Rubalcaba destituyó de su cargo.
Sin embargo, la investigación sobre la trama "Interligare" no es reciente. El caso surgió en 2009, cuando la Brigada de Delincuencia Económica descubrió contratos fraudulentos en una empresa acreedora de la Seguridad Social. Comenzó a investigar intentando destapar delitos fiscales, y encontró otra empresa que, según sospecha de la Policía, se había beneficiado de contratos otorgados a dedo y había practicado escuchas ilegales durante la etapa de Rubalcaba en el ministerio del Interior.
Entonces, el personal de la brigada decidió actuar con el máximo sigilo ante la posibilidad de que se vieran afectados altos cargos del PP y de que el Gobierno del PSOE paralizara su trabajo.
Incluso, algún periodista de El Mundo compañero de redacción de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, quienes firman ahora las piezas periodísticas, llegó a disponer hace varios meses de información precisa sobre las irregularidades de "Interligare". También otros medios, como ABC y La Gaceta, tenían datos, pero en esos casos no han publicado nada.
La primera denuncia sobre espionaje la efectuó María Dolores de Cospedal. Según ella, un cargo del PP le contó que los dirigentes del partido estaban siendo "pinchados".
En noviembre, Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, comentó a Carlos Floriano, en tono amenazante, que sabía todo hacía y decía. Ante el escándalo que se levanto, intentó explicarse diciendo: "Sí, os escucho en las radios y en las teles".
Las sospechas de la cúpula popular apuntaban entonces a Sitel, el sistema de escuchas telefónicas del ministerio del Interior. Sin embargo, el uso de maletas GI2 es más seguro: Sitel necesita la autorización de un juez, y un agente debe registrarse cada vez que accede al sistema y así queda registrado. El "maletín espía" no deja rastro.
En El Mundo son conscientes de que el caso "Interligare" puede provocar un terremoto político. De hecho, el propio Pedro J. Ramírez ha asumido la coordinación de la estrategia informativa en este caso: a pesar de tratarse del mes de agosto, se desplaza hasta la redacción a diario a la reunión de portada para decidir qué se publica y cómo. Quiere administrar al máximo todos los datos.
Redactores del periódico aseguran a ECD que el Mundo dispone de material abundante sobre la trama y que irán dosificándolo según les convenga.
En la redacción de Unidad Editorial llaman la atención cómo El País ha salido en defensa de Rubalcaba, en el número del martes, con el siguiente titular: "El PP utiliza datos "no corroborados" para acusar a Rubalcaba de espionaje". Comparan esta situación con lo que sucedió con las informaciones del 11-M, cuando el diario de Prisa publicó que "testigos del 11-M (dos rumanas) acusan a "El Mundo" de presionarles para exculpar a Zougam"