El titular del juzgado de instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, ha imputado a la alcaldesa de la ciudad, la 'popular' Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, lugar en el que se prevé la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.

En un auto de fecha de este martes, el juez ha citado a la alcaldesa de Alicante para declarar por presunta prevaricación y tráfico de influencias el 27 de noviembre a las 10.00 horas. En la resolución se cita igualmente como imputados por el mismo motivo al constructor Enrique Ortíz para el 27 de octubre a las 10.00 horas a dos técnicos del Ayuntamiento --Enrique Sanus e Isabel Campos-- para el 28 de octubre y a otros dos del Ministerio de Fomento, Emilio Peiró y Francisco Javier Criado al día siguiente.

El juez ha preguntado al fiscal y al resto de partes personadas --EUPV y PSOE-- si procede la declaración como imputados del exalcalde de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la exsecretaria autonómica de Territorio y actual responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras recibir el informe policial realizado por los funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante del que, según consta en la resolución, se desprende que durante la tramitación del expediente administrativo del 'Plan Rabasa' y estando suspendida la ejecución del plan parcial desde diciembre de 2009 por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana --sala de lo contencioso-administrativo--, el Ayuntamiento continuó el proceso.

En el pleno de 29 de enero de 2010 aprobó someter a exposición pública el proyecto de convenio entre el consistorio y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L. e Ikea Ibérica SAU para regular las condiciones de implantación de un centro comercial en el sector Lagunas de Rabasa. El juez subraya que en el informe policial "existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses" del empresario Enrique Ortíz.

INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES

El informe policial fue realizado por funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales que llevaron a cabo la intervención de las comunicaciones ordenadas por el juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que fue el órgano que inició la tramitación del conocido como 'caso Brugal', del que se han desligado esta pieza que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del 'plan Rabasa' y otra que instruye las del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. En esta última causa están igualmente imputados Castedo y Ortíz.

El juez, que acuerda la unión a la causa del informe, señala que de su contenido se desprenden indicios de que los cuatro funcionarios "pudieron dar un trato de favor" en el ejercicio de sus funciones al empresario Enrique Ortíz en la tramitación del expediente administrativo de Rabasa, unos hechos que considera que en este momento se puede considerar que son constitutivos de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Asimismo, acuerda dar traslado a Sonia Castedo como denunciada del contenido de la denuncia y de todas las actuaciones.

La alcaldesa de Alicante está también imputada en la parte del 'caso Brugal' que investiga presuntas irregularidades en el PGOU por los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El caso se instruía en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana hasta el pasado mes de mayo cuando Castedo presentó su renuncia al acta de diputada, por lo que volvió a los juzgados de Alicante.