La magistrada titular del juzgado de instrucción número 24 de Madrid, en función de guardia de diligencias, ha acordado a primera hora de la mañana de hoy la libertad provisional de Francisco Nicolás G. I., detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por, supuestamente, haberse hecho pasar por asesor del Gobierno de España con el uso de documentación falsa.

   El Grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía le acusa de los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas.

   En el atestado instruido al efecto se detalla que el imputado ha venido desarrollando una "intensa actividad" en actos públicos, con presencia en ellos de altas personalidades de la vida pública española, así como con personas de alta dirección de sociedades financieras y de la vida económica.

   Su actividad se basaba en que se hacía pasar por poseedor de diversos cargos dentro de la vida política española, "si bien no consta que haya sido exhibida documentación alguna que avalara sus afirmaciones verbales".

   Siguiendo el relato policial, el detenido, gracias a la documentación gráfica de las reuniones a las que asistía, se hizo pasar como asesor de la Vicepresidencia de Gobierno para que J.M de la H. le entregase 25.000 euros con la promesa de que intentaría que el Gobierno mediase en la venta de un inmueble que tenía un familiar en Toledo.

   El arrestado ha reconocido ante la Policía que ese informe lo efectuó él mismo, escaneando las firmas de los secretarios. Posteriormente, a requerimiento del estafado, le devolvió 10.000 de los 25.000 euros entregados.

   En el informe policial también consta que el imputado se desplazaba por Madrid con vehículos de alta gama a los que añadía un luminoso semejante a los utilizados por las fuerzas de seguridad. En una ocasión, había uno de estos coches con chófer para reunirse con su víctima.

   Autorizado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, se produjo una entrada y registro en el domicilio del detenido, en el que le fueron requisados otros dos dossieres elaborados por él bajo la apariencia de oficialidad, sin que conste que hayan sido utilizados.

   Los agentes también descubrieron dos autorizaciones falsas para vehículos para el Palacio de la Moncloa y una placa emblema de la Guardia Civil y otra de la Policía Municipal, ambas al parecer verdaderas y que el imputado ha manifestado que se las regalaron sus titulares.

   Además de asesor político, el imputado se hacía pasar supuestamente por miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De hecho, imprimió en una copistería madrileña un informe que simulaba pertenecer al CNI.

   Por este motivo, y tras detectar los agentes a la posible víctima de la estafa, se estableció un dispositivo de vigilancia, según informó ayer la Policía en una nota de prensa, para proceder a su detención en Madrid capital.

En el auto firmado hoy, la jueza manifiesta que "no acierta a entender cómo un joven de 20 años, con su mera palabrería, aparentemente con su propia identidad, pueda acceder a las conferencias, lugares y actos a los que accedió sin alertar desde el inicio de su conducta a nadie, por muy de las juventudes del PP que manifeste haber sido".

   Tampoco comprende cómo ha podido 'colar' su afirmación de ser asesor del Gobierno de España, máxime si se tiene en cuenta el informe del médico forense, en el que se hace constar que el detenido tiene "una florida ideación delirante de tipo megalomaníaco".

   Pero la magistrada no ha encontrado razones para decretar su prisión provisional, tal y como pidió el Ministerio Fiscal, ya que esta medida es excepcional y considera que no hay riesgo de fuga. El arrestado es español, tiene arraigo en su ciudad, donde reside con su familia, y cursa estudios superiores.

   Además, considera que dada la repercusión mediática de este caso, "el riesgo de reiteración de la conducta se ha reducido prácticamente a cero y todas las pruebas que pudieran aportarse han sido obtenidas en la entrada y registro efectuada el martes".

   Por todo ello, la jueza determina que, "si bien existen motivos bastantes para estimar responsable criminalmente de los delitos de falsedad y estafa al detenido", ha decretado libertad provisional sin fianza, con la obligación de comunicar al Juzgado los cambios de domicilio, así como la prohibición de abandonar territorio español, debiendo entregar el pasaporte.