Durante años se había obviado la realización de un control exhaustivo de las grandes obras que se estaban desarrollando en el municipio, sobre todo en aquellas que afectaban a infraestructuras industriales.

Esta dejadez, en anteriores legislaturas, provocaba que el consistorio dejaba de percibir unos ingresos adecuados a las licencias solicitadas y que en ningún caso se revisaban por si éstas se ajustaban a la realidad.

Ante esta situación, y desde la presente legislatura, el área de Urbanismo, al frente de la que se encuentra el edil Eduardo Serra, ha establecido un mecanismo de control para comprobar posibles fallos en el cobro de las licencias.

De este modo, se ha echado la mirada atrás para revisar si lo recaudado se ajusta a los parámetros reales y si se ha producido fraude o no en el desarrollo de obras mayores, porque esto repercute en el conjunto de la ciudadanía.

Así, se están revisando exhaustivamente las ortofotos (fotos aéreas)que se realizan cada cuatro años, con el objetivo de que estos fraudes no caduquen, para comprobar las obras que se ven desde el cielo y si éstas han sido solicitadas o no de forma regulada y sobre todo, si cumplen o no con los requisitos establecidos por las leyes urbanísticas.

Así, cuando se detecta alguna obra nueva se comprueba si se ajusta a la ley urbanística y si el expediente tributario está en regla. Si se detecta una obra que no se ajusta a estos parámetros, se le requiere el pago correspondiente. Y todo ello se hace mediante un resolución de alcaldía para que se examinen las licencias no prescritas y se comprueben si se ajustan a estos dos parámetros.

No obstante, desde el área de Urbanismo, se pretenden aplicar más medidas y por ello se está aplicando la modificación del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) para que las autoliquidaciones atiendan a unas bases de módulos establecidas por el Ayuntamiento y no en base a los proyectos o memoria que presenta el interesado de manera que esté regulado de una manera más clara.

Esta medida, en ningún caso pretende perjudicar a las empresas ni a las obras menores, ya que el único objetivo que persigue es que estas actuaciones redunden en beneficio de la ciudadanía.

De hecho en la actualidad existen procedimientos abiertos, que están en la agencia tributaria pendientes de resolución, y que se derivarán en la recuperación de las cantidades que no se hayan percibido hasta la fecha, de manera que el consistorio en ningún caso, dejará de ingresar lo que esté ajustado a la legalidad.