El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo mes de diciembre a las partes del 'caso Cooperación' --Fiscalía, Abogacía de la Generalitat y las defensas de los condenados, entre los que se encuentra el exconseller de Solidaridad y exdiputado en las Corts Rafael Blasco-- a una audiencia en relación con los 1.951.290,20 euros que reclama el Consell como perjuicio por los fondos públicos defraudados en la pieza de la Fundación Cyes, por los proyectos en Nicaragua.

 El tribunal ha convocado esta audiencia previa con las partes del proceso para determinar los hechos controvertidos alegados por la Generalitat, identificar a los presuntos responsables de los mismos, y articular la prueba alegada. Tras escuchar las diferentes alegaciones, pondrá fecha de juicio y se fijará la responsabilidad contable, que el Consell cifra en 1,9 millones.

   Paralelamente a este procedimiento civil, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya condenó en mayo a los nueve acusados del 'caso Cooperación' --primera pieza-- por desviar fondos públicos destinados al Tercer Mundo para su propio beneficio. La mayoría del dinero defraudado se destinó a la compra de tres inmuebles y de un garaje en la ciudad de Valencia. Actualmente está pendiente de pronunciarse el Tribunal Supremo sobre los recursos interpuestos por los condenados a las penas impuestas.

   Entre los condenados está Blasco --sobre el que recayeron ocho años de prisión y 20 de inhabilitación-- la ex secretaria general de la Consellería Tina Sanjuán el exsubsecretario Alexandre Català el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera el ex director general de Conselleria Josep María Felip y el empresario Augusto César Tauroni, actualmente en prisión.

   En este proceso civil, independientemente de la parte penal, la Abogacía de la Generalitat presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra Blasco, Felip, Català, López, Llinares, Sanjuán y Tauroni como responsables contables directos, así como contra la Fundación Cyes y la entidad Sociedad Gestiones e Iniciativas Arcmed como responsables subsidiarios por un perjuicio a los fondos públicos de 1.951.290,20 euros, más los intereses legales y costas del procedimiento.

   Tanto el ministerio fiscal como la representación legal de Català coincidieron con la Abogacía de la Generalitat en que la cuantía del presente procedimiento era de 1.951.290,20 euros. El resto de los demandados no realizaron alegación alguna acerca de la cantidad económica.

   Tras recibir estos escritos y pretensiones, el Tribunal de Cuentas --órgano de primera instancia de la jurisdicción contable a quien compete el conocimiento y resolución de los procedimientos de reintegro por alcance-- ha convocado a las partes en diciembre para que expongan sus argumentos. Seguidamente, fijará fecha de juicio.

   Precisamente este órgano judicial ya ordenó hace más de un año el embargo de los bienes y derechos de Blasco, Felip, Català y López para cubrir la responsabilidad civil del 'caso Cooperación', por un total de 1,9 millones. En ese momento se quedaron fuera Sanjuán, Llinares y Llopis al entenderse que no fueron las personas que tomaron decisiones.

   La Fundación Cyes recibió de la Conselleria de Solidaridad en el año 2008 un total de 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron 43.000 euros a su destino, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles y a pagar el 25 por ciento de las subvenciones al empresario Tauroni en forma de comisión por mediar con la Administración valenciana.